Las estridencias del llamado a la firma del “pacto de mayo” con los gobernadores y el protagonismo de la economía en la agenda que propone Javier Milei dejaron en un segundo plano el anuncio presidencial más relevante en el único tema que le puede disputar el primer lugar al bolsillo en las preocupaciones ciudadanas: la inseguridad.

El Presidente ratificó que se insistirá en una reforma legal que amplíe los criterios de la legítima defensa y habilite mayores facultades a las fuerzas de seguridad para enfrentar a la delincuencia. Garantismo al revés, a favor de los damnificados y de quienes reprimen, podría decir algún propagandista oficial. Entrega de licencias para matar, diría un crítico.

En la fallida ley “bases” estaba contenida la voluntad de eliminar la posibilidad de demandas de delincuentes y sus familiares a quien se defienda de un ataque. Extendía esta protección a los miembros de las fuerzas de seguridad.

“Cuidamos a las víctimas y a quienes nos cuidan. Se terminó con nosotros la cultura vil de despreciar a las fuerzas del orden y a las víctimas del delito, y el enaltecer a los delincuentes”, expresó Milei en su discurso en el Congreso.

El objetivo declarado es que “no terminen entre las rejas los ciudadanos que se protegen a sí mismos o los policías que protegen a los ciudadanos, mientras los delincuentes pasean libres por nuestras calles”, remarcó el Presidente.

Hay algo que es innegable: es muy baja la percepción de riesgo que tiene un delincuente. Quien roba tiene una baja probabilidad de ser detenido, y menos aun de tener un castigo legal. Y hasta este momento, al menos, casi no hay temor a una resistencia violenta de las víctimas.

Basta haber sido víctima de un delito para saber lo poco que disuaden rejas, perros y alarmas; lo poco que vigila el patrullaje; que las cámaras, si hay, no resuelven casos y el sistema investigativo está tan ritualizado que parece orientado a reproducir sus protocolos y secuencias, como mandar oficios, solicitar colaboraciones y esperar, esperar, esperar que sumen fojas en un sumario, mientras los bienes ya fueron revendidos y los delincuentes ya están en el robo siguiente.

Pero aun en este escenario, ¿es una solución viable al fracaso estatal para ofrecer seguridad y justicia conceder inmunidades anticipadas a quien se arme y use esas armas para defender su propiedad?

La traslación acrítica del modelo norteamericano en casi todos los aspectos, que es la marca de estilo más evidente de la gestión Milei, parece engarzar también en este tema, con ideas que reproducen el ideario de la hiperconservadora Asociación Nacional del Rifle, de Estados Unidos. ¿Tenemos que esperar que pronto en un supermercado se pueda comprar una AK47 y municiones de guerra, junto a un cartón de leche o un pack de cervezas?

Entre muchas otras idea que separan a la Nación de la Provincia, no se hizo énfasis en el enfoque de seguridad. La coincidencia en las aplicaciones de protocolos para la protesta social ocultó de la vista una gran cantidad de divergencias.

La nueva gestión provincial, con el liderazgo del ministro Juan Pablo Quinteros, apunta a una batería de recursos para incrementar las herramientas preventivas y disuasivas, como las guardias urbanas municipales, la integración de la seguridad privada y la incorporación de tecnología de videovigilancia. Pero hay un capítulo que entra en directa contradicción con la idea presidencial: el programa de desarme civil, con incentivos económicos para quien entregue un arma.

Incluso, puede leerse como un disenso la apuesta a la provisión de armas de reducida letalidad a las fuerzas de seguridad. Milei les está diciendo que disparen, con plomo, al cuerpo. Ninguna Byrna, pelotita de plástico o de gas: en la ley que quiere reformar, les dice que tiren, sin temor a consecuencia legal.

Lo que se conocía como consenso democrático previo a Milei nunca cuestionó el monopolio de la violencia legítima en manos del Estado. Eso parece también estar puesto ahora en cuestión, en nombre de la libertad.